Este trabajo fue realizado gracias a
la colaboración de mis colegas Ana Pérez y Lydiermarie Concepción quienes se
comprometieron desde el principio y apoyaron inmensamente con su sabiduría y
experiencia.
Análisis Grupal: Política Social
(Proyecto Legislativo)
(Proyecto Legislativo)
Proyecto 517
Lydiermarie Concepción
Ana Pérez
Miguel Soto
SOWO 5015: Política Social
Dra. Eneida Alvarado
Índice
Página
I.
Introducción.……………………………………………………………………… 3
II.
Dimensión del Problema.……………………………………………………….. 4
III.
Contexto………………………………………………………………………. 7
IV.
Objetivos Sociales……………………………………………………………… 12
V.
Grupos de interés Representados………………………………………………. 13
VI.
Áreas de consenso y controversias…………………………………..……….. 15 Ver
Tabla- (Anejo b)
VII.
Base Valorativa……………………………………………….………….…… 16
VIII.
Marco de acción o intervención…………………………………….…….…. 16
IX.
Conclusiones…………………………………………………………..….…… 17
X.
Recomendaciones……………………………………………………..….…….. 19
XI.
Referencias…………………………………………………………….….….. 20
XII.
Anejos………………………………………………………………………… 21
a. Proyecto
del Senado 517
b. Tabla:
Áreas de consenso y controversias
Introducción
A
través de la historia los seres humanos han demostrado diferentes problemas de
adicción a una variedad de sustancias. Muchas de las cuales la sociedad ha censurado por los efectos que provocan en
las personas, aunque estas sean naturales. Los gobiernos y diferentes sectores
de la sociedad han buscado la manera de crear mecanismos para manejar estas consecuencias.
El uso y abuso de estas sustancias se han convertido en un grave problema social. Uno de los problemas
sociales más sonados en los últimos tiempos en nuestro país es la despenalización
o legalización de la marihuana. Para esto el Sr. Pereira Castillo trajo a
discusión pública lo que sería una enmienda a la ley número 4 del 23 de junio
de 1971 conocida como: “Ley de
Sustancias Controladas de Puerto Rico”, según enmendada. El proyecto del Senado
517 presentado el 16 de abril de 2013 tiene como propósito enmendar el artículo
404 de la ley antes mencionada. Al analizar este proyecto de ley, encontramos
que el senador Miguel Pereira, ex superintendente de la Policía, ex jefe de
Corrección, y ex fiscal federal, es el responsable de impulsar y de a gran
medida desarrollar y promover este
proyecto de ley dirigido a despenalizar la posesión de la marihuana para
uso personal en Puerto Rico.
Miguel Pereira busca enmendar la Ley que
tipifica como delito con pena fija de tres años y multa de no más de $5 mil el
que una persona posea alguna sustancia controlada a sabiendas. Además, el
senador se ha expresado públicamente a favor la despenalización, como
alternativa para reducir los altos niveles de criminalidad vinculados a la
droga y el hacinamiento en las cárceles. Como opción a esta problemática, el
senador Pereira radicó el Proyecto 517, que de aprobarse la medida se
permitiría a las personas mayores de 21 años poseer hasta una onza de cannabis
sin consecuencia legal.
Este
proyecto tiene como origen el ideal de combatir la criminalidad y descargar la
presión al sistema judicial y penitenciario. Otra de las razones por las cuales
este proyecto entra en discusión pública es el efecto que ha tenido en otros
países. Este proyecto analiza las tendencias internacionales dirigidas a
despenalizar el consumo de estas drogas y plantea que se aliviaría la
carga en el procesamiento de los
ciudadanos en posesión de marihuana, aliviando así la carga económica de
encarcelar o rehabilitar a los usuarios. A continuación, analizaremos este
proyecto para formular criterios basados en lo que el proyecto propone.
II. Dimensión del Problema
Para
hablar de la dimensión del problema, tenemos que entender que la marihuana es
una droga que cae bajo la categoría de los alucinógenos. Los efectos de estas
drogas pueden ser, alucinaciones, experiencias de desdoblamiento, problemas con
la coordinación motriz, inhabilidad de sentir dolor, ataque respiratorio,
desorientación, temor, pánico, agresión, alto riesgo al VIH, hepatitis y otras
enfermedades contagiosas que pueden producir la muerte. Feldman, R. (1998).
Es
curioso ver que cada vez que se nos habla de estas sustancias, en la mayoría de
los casos se nos señalan sus efectos destructivos, aun así, vemos que los
relatos de vidas arruinadas y de personas al borde de la desesperación, no son
suficientes para persuadir a los usuarios a desistir de su afán de consumir,
peor aún cada vez más jóvenes incursionan en esta práctica.
El
Proyecto del Senado 517 señala que el modelo prohibicionista y de
criminalización actual del uso de la marihuana no funciona, ya que según la
encuesta de consulta juvenil VIII 2010-2012, reveló que 12.4% de adolecentes ha
consumido marihuana alguna vez en su vida. Estos datos indican que existe un
aumento de 5% en comparación con el estudio previo de consulta juvenil VII
2008-2010.
Datos
estadísticos
El
periódico Nueva Hora reseñó un artículo publicado el 09/10/13 donde se estima
que en Puerto Rico hay cerca de medio millón de usuarios de marihuana,
generando un consumo anual valorado en $409 millones en el mercado ilegal, que
de imponérsele un arbitrio de 15 por ciento representaría un ingreso al fisco
de $61 millones. Aquí vemos que el asunto de la despenalización de la marihuana
no es sólo uno de naturaleza judicial, sino económico.
En
este mismo artículo, el economista Lerroy López, llega a la conclusión que el
gasto anual de marihuana por individuo en Puerto Rico es de $883 al año. Lo
compara con un fumador de cigarrillos que consume una cajetilla al día, para un
costo anual de $2,190, contrastando que “la gente consume menos marihuana que
(lo que consumen) los fumadores de cigarrillos”.
A
este estimado se llegó mediante la utilización de los datos de un estudio del
Colorado Futures Center, de la Universidad de Colorado.
Lerroy
López informó: “La población de Puerto
Rico es de 3.7 millones de personas. Como no tenemos datos de la proporción de
sus usuarios, usamos el estudio del Colorado Futures Center, que estimaron una
proporción de 12.5 por ciento de usuarios de su población”.
Este
estudio coincidió con un estudio de 2001, del National Survey in Drug Use and
Help, hecho por Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos,
donde el 11.5 por ciento de la población informó haber usado cannabis en ese
año.
Se
estima que de acuerdo con los datos que ofreció el salubrista y fundador de
Iniciativa Comunitaria, José Vargas Vidot, que una onza en la calle cuesta de
$90 a $500, un punto medio –$250 por onza–, equivaldría a $4,000 la libra.
“Por lo tanto,
en Puerto Rico, se estima un consumo anual valorado en $409 millones”.
Por
otra parte, el portavoz de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), José
Betancourt, indicó que la inmensa mayoría de la marihuana que se distribuye en
la Isla llega de Estados Unidos, específicamente desde California y Texas.
Sus datos muestran
que:
En
el 2010, la DEA incautó 211.6 kilogramos de marihuana; en el 2011, incautó
136.4 kilogramos; en el 2012, unos 382.4 kilogramos; y en lo que va de año,
1,443.21.
El teniente de
la Policía Habib Massari Díaz, subdirector del Cuerpo de Investigaciones
Criminales (CIC), indicó que, según las estadísticas, en el 2012 incautaron
23,815 bolsitas de marihuana, 244.16 libras y 595 matas de esta droga.
III. Contexto
Histórico
Con
el propósito de atemperar una legislación al contexto historio que estamos
viviendo, por primera vez en la historia de Puerto Rico se presenta un proyecto
de ley que despenaliza el uso de sustancias controladas, y propone evitar
sanciones penales a aquel que posea una onza o menos de marihuana para uso
terapéutico. Cabe señalar, que la presentación de esta medida ocurre cuando recientemente se ha aprobado
legislaciones sobre el uso de marihuana para fines médicos y despenalizar
completamente su consumo recreacional en Washington y Colorado, además de otros
20 estados de los E.U. que lo permiten.
Económico
Otra
motivación para la legislación de esta medida son la situación económica y fiscal del país, y los altos costos que le
cuesta al país cada preso en las instituciones carcelarias. Al 2012 cada preso
costaba de $36,500 a $40,000 al año. Se espera que al 2016 las cárceles de
Puerto Rico estén llenas y haya que buscar otras alternativas para trabajar la
situación. La “Ley de Sustancias
Controladas” establece “una pena de reclusión por un termino fijo de 3 años” a
toda aquella persona convicta y encausada bajo ella. Es por esto, que esta
persona tendría un costo de $120,000 por su término de reclusión en una cárcel
del país.
Social
Por
otra parte, existen datos que muestran que la prohibición y el castigo, en vez
de remediar, agrava el problema. Tal parece que cada vez existen más y más
jóvenes abiertos a la libre experimentación con esta sustancia, pese a las
campañas que se han hecho en contra del uso de drogas, entre ellas, la
marihuana.
Según
Bandura (1969), la conducta humana es el resultado de la interacción entre el
auto-sistema, y las fuentes de influencia externas y medioambientales. Bandura
nos presenta un cuadro de la conducta humana y de la motivación, en él que las
creencias que las personas tienen sobre ellas mismas son los elementos
importantes en el ejercicio de control y de la agencia personal. Según la
teoría cognitivo-social de Bandura, los individuos interpretan y evalúan sus propias
experiencias y sus procesos de pensamiento. Los determinantes previos de la
conducta, como el conocimiento, la habilidad o los logros anteriores, predicen
la conducta subsecuente de acuerdo con las creencias que las personas sostienen
sobre sus habilidades y sobre el resultado de sus esfuerzos. Esto quiere decir
es que últimamente el tema de la marihuana y otras drogas, de su uso, abuso,
trasiego y de su contrabando, es un tópico popular en obras literarias,
películas y canciones que rápidamente se posicionan entre las favoritas del
público al recibir exposición a través de altas rotaciones en las ondas
radiales y televisivas. Bandura señala que el constante bombardeo y
glorificación de un tema en una joven mente, tiene un efecto importante en el
comportamiento de dicho individuo.
Bandura
nos muestra efectivamente que a través del modelaje, la enseñanza y las
transmisiones de conocimientos son más fluidas y más efectivas. Podemos
utilizar la teoría del aprendizaje social para explicar el alto consumo de
marihuana en Puerto Rico, lo que no se puede asegurar es que con la despenalización del uso de
marihuana se alivie los estragos que ha causado el consumo de cannabis. Aunque
un sector amplio de la población sigue con serias dudas, este proyecto de ley analiza las tendencias
internacionales dirigidas a despenalizar el consumo de estas drogas y plantea
que se aliviaría la carga en el procesamiento de los ciudadanos en posesión de
marihuana, cargas económica de encarcelación y rehabilitación.
Se
plantea que si se aprobara este proyecto, se libraría a los consumidores de
drogas de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por poseer marihuana y
de esta manera se pretende aliviar la
presión a la que están sometidos los organismos de la ley, primordialmente los
sistemas judiciales y penitenciarios.
El
mismo senador Pereira se ha expresado públicamente al respecto, indicando que
la marihuana está prácticamente legalizada ya que actualmente esta droga es
utilizada por profesionales y estudiantes universitarios. Pereira ha indicado
que cuenta con el apoyo necesario para lograr la aprobación de la medida. Por
otro lado, el gobernador Alejandro García Padilla lo que ha propuesto es
medicar la droga con un enfoque salubrista para tratar al adicto.
Controversias
Se
obtuvo acceso a las ponencias efectuadas el 2 de octubre de 2013 encontrando
que cada entidad puso sobre la mesa sus puntos y criterios. El primer grupo fue
compuesto por la “Fundación U.P.E.N.S., Inc.”, corporación fundada en Vega Baja
P.R. en el 1997, representada por su
presidente y fundador Ramón Luis Arroyo, quien expuso que su propósito
fundamental es reforzar el bienestar social de la comunidad. Tarea que según el
Sr. Arroyo, han cumplido a cabalidad, ya que presentó datos que muestran el
impacto que ha tenido U.P.E.N.S. en la rehabilitación de personas adictas a
drogas, alcohol, tabaco o infectadas con enfermedades como el V.I.H./SIDA y
otras como consecuencia de problemas sociales. Su postura fue en contra del
proyecto, ya que indico que dicha medida debate un tema que afecta la vida del
ser humano, en vez de garantizarle su salud y bienestar social. También, dejó
sobre el tapete serias dudas en cuanto a los usos medicinales de la marihuana,
ya que indico que existen muchos efectos secundarios asociados al consumo de la
marihuana.
En
este primer grupo también se unieron algunas entidades religiosas y los hogares
CREA quienes coincidieron en sus visiones moralistas y religiosas. Los Hogares CREA, fueron representados por
José Báez Rivera y Carlos Vargas Ferrer quienes expusieron que desacreditaban
los estudios realizados para sustentar el proyecto, a la vez que indicaron que
despenalizar el consumo de la marihuana, no hará que dicha droga sea menos
peligrosa para el individuo y para la sociedad en su conjunto. Mostraron que el
uso de la marihuana promueve el fracaso escolar y afecta negativamente la
motivación, la memoria y el aprendizaje.
Además,
presentaron datos que sustentó que el uso de la marihuana afecta
permanentemente algunas funciones mentales. Indicaron que según los datos de
CREA INC. El 80% de los que experimentan con marihuana se gradúan a drogas más
fuertes.
Los
grupos religiosos representados en esta ocasión por Ramón Antonio Guzmán,
Diacono de la Iglesia Católica, abogado y catedrático de derecho en la Escuela
de la Pontificia Universidad Católica de P.R. y por el Concilio de Iglesias de
P.R. , compuestas por ocho
denominaciones de iglesias de bases
Católicas y Evangélicas-Protestantes.
Estas
ponencias de los grupos religiosos demostraron gran peso ya que contaban con el
respaldo de los feligreses de estas entidades. Coincidieron en algunos puntos,
el más importante de ellos es que no apoyaban el proyecto de ley y citaron
versículos bíblicos afirmando que: “Su
práctica no circunscribe a la oficialidad, sino que responde a la necesidad y
apela a la coherencia entre lo teórico y la palabra de Dios”.
Otras
ponencias expuestas el 9 de octubre de 2013, mostraron otro lado de la moneda y
fueron igualmente firmes y convincentes.
La Asociación Médica de Puerto Rico a través de su presidente el Doctor
Natalio Izquierdo, se refirió a la Tetrahidrocannabinol (THC), en vez de la
marihuana, ya que las partes activas de cualquier planta identificada como
beneficiosa para la salud son más efectivas cuando se aíslan que cuando se
utiliza la hoja completa. Dejó claro que
apoya la despenalización y afirmó que hace falta espacios para que la comunidad
médica conduzca estudios clínicos en cuanto al uso terapéutico de esta
sustancia.
El
Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico fue más titubeante, ya que a través
de su presidente, Eduardo Ibarra Ortega M.D., se mantuvo enfocado en que:
•
La adicción es una
enfermedad.
•
Debe ser tratada en
centros de salud y no en Centros penitenciarios.
•
Además, pidió más
tiempo, (90 días) para entregar informes al respecto.
También
el 9 de octubre de 2013, se presentó la ponencia del Padre Carlos Pérez Toro,
Sacerdote Católico que aunque no represento la Arquidiócesis de San Juan, hizo
ver que: “La sociedad debe promoverle a
nuestros jóvenes opciones que los ayude a rechazar cualquier práctica
toxicómana”. Su postura fue similar a los grupos religiosos, mencionados
anteriormente.
IV. Objetivos Sociales
El
propósito de esta medida es reducir la actividad criminal relacionada con la
posesión para consumo personal y descargar la presión a que están sometidos los
organismos policíacos, judiciales y penitenciarios, según lee la medida en la
exposición de motivos.
En
entrevista realizada al Hon. Miguel Pereira (Brito, 2014) expresó su “frustración
cuando ejerció como Secretario de Corrección al conocer que un 5% de la
población penal que ingresa la sistema correccional sin problema alguno de
adicción a drogas, sale del sistema con alguna adicción… en vez de ser una institución
rehabilitadora, la cárcel es una condena cuyos efectos trascienden sus
barrotes… las consecuencias que acarrea una convicción bajo la Ley son verdaderamente desastrosas”.
No podemos dejar a un lado la realidad de los
confinados y confinadas al salir de cumplir su condena impuesta. Muchos y muchas salen con la mejor intención de ser útil y
productivo a la sociedad puertorriqueña, con la esperanza de adquirir un empleo y progresar, proveerle un
futuro alentador a sus familias. Sin embargo, las puertas le son cerradas al
solicitar un certificado de antecedentes penales y este indica que cometió
algún delito por lo que fue encausado, privándole de la oportunidad de
conseguir empleo digno. Esta situación
provoca que reincidan en la delincuencia como alternativa viable, ante el
posible sentimiento de rechazo y estigmatización que hace que se sientan que
estarán pagando por el delito el resto de sus días.
Es
por eso que la medida persigue minimizar la tasa de arrestos y encarcelamiento
por el delito de drogas, una de las problemáticas mayores que confronta el
país; y por ende, la rehabilitación de estas personas. Además de los gastos
económicos que esto acarrea.
No
obstante, al momento de la radicación de este proyecto se presenta varias lagunas
para la aceptación y el cambio de las políticas públicas establecidas.
El
proyecto inicialmente intenta decretar una enmienda al artículo 404 de la Ley
de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley núm. 4 de 23 de junio de 1971, sobre la posesión de hasta una onza de
marihuana en personas mayores de 21 años, que la haya obtenido mediante una
receta u orden de un profesional, con
fines terapéuticos.
Sin
embargo, no esta expuesto claramente ¿quiénes serán esos profesionales que
recetaran la droga para uso terapéutico?,
¿en dónde será adquirida la droga?; a sabiendas que es una planta ¿cuál
será el modelo que determine quién, cómo y dónde se llevara a plantación,
cultivación, distribución y producción de la droga? y ¿qué
entidad o departamento gubernamental se encargaría de la fiscalización del
mercado?, ¿quién impondrá un plan
estratégico salubrista?, ¿cuáles serían
las penalizaciones para aquellos comercios no autorizados para la venta de
sustancias?, entre otras interrogantes que el proyecto no dejó claro al momento
de su radicación en el Senado.
V. Grupos de interés representados
El
proyecto de ley 517 fue traído a la luz pública por el senador Miguel Pereira y
produjo un sin número de reacciones de varios sectores de la sociedad. La
mayoría de estos han expresado su opinión con respecto al proyecto presentado,
lo que ha provocado controversias, luchas y marchas. El uso de la marihuana se
ha convertido en un problema social para el país; y según discutimos en clase
un problema social es una necesidad social que requiere la atención de un
grupo. Nuestra sociedad en general se está viendo afectado por este problema
(aumento de la criminalidad, gastos económicos, entre otros) es por esto que es
meritorio que se conozcan los puntos de vista de todos los afectados. A
continuación se presentan los argumentos más importantes de sectores que se han
pronunciado en contra o a favor del proyecto:
Hogar
CREA
Reconocemos
que las penas de cárcel por la posesión de marihuana son altas, pero este
proyecto traerá más consecuencias negativas al pueblo. El mercado negro no se
detendrá, los dueños de puntos se pondrán creativos, aumentará el uso y abuso
de marihuana en nuestros jóvenes, habrá más marihuana en las casas a expensas
de los niños y jóvenes como sucede con el cigarrillo y el licor; las canchas de
baloncesto, parques recreativos, las discotecas tendrán puertas abiertas al
consumo, no lo duden.
Líderes
de organizaciones religiosas y civiles
Las
organizaciones Puerto Rico por la Familia, Hogar Crea, Fraternidad de Pastores
Pentecostales (FRAPE) y la Fundación Unidos por el Nuevo Siglo (UPENS) se opusieron al Proyecto del Senado 517. Sus
razones principales para oponerse fueron que, a su entender, la marihuana
representa un peligro para la sociedad y para las familias puertorriqueñas, que
tiene efectos adversos y que es una sustancia altamente adictiva y
"devastadora", como la describió en múltiples ocasiones el sacerdote
católico Carlos Pérez.
Gary
Gutiérrez (Analista,
Observador)
La
prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o
peligros. En realidad estas leyes se aprobaron como parte luchas por el poder
social, político y económico en una nación mutando. Por tanto no es de extrañar
que a pesar de que la historia demuestra que estas leyes nunca fueron exitosas
en controlar el uso y disfrute de las sustancias que prohibieron, todavía hay
quienes que buscando mantener sus influencias, utilizan esta prohibición como
herramienta para mantener el prestigio de virtud piadosa, o como excusa para
legitimar el control de las poblaciones. Por eso insisten en mantener vigente
las mismas.
ASSMCA
El
Dr. Salvador Santiago Administrador de la Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción, “la ASSMCA favorece la descriminalización de la
marihuana, para consumo personal, de modo que la tenencia de no más de una onza
solo conlleva la imposición de infracciones civiles, de manera escalonada”.
Santiago aseguró que es importante eliminar el encarcelamiento para los
usuarios de la marihuana, “la preocupación mayor que tenemos es que eliminemos
la cárcel por el uso casual de una sustancia como es la marihuana”.
José
Vargas Vidot
(Director Iniciativa Comunitaria)
El
doctor Vidot expresó que la despenalización de la posesión de marihuana podría
reducir la población en las cárceles de la Isla y constituye un acto de
humanismo, más equidad que ciencia.
VI. Áreas de consenso y controversias
Ver Tabla (Anejo b)
VII. Base Valorativa
Luego
de un análisis exhaustivo del proyecto consideramos que este base su origen en
la importancia del ser humano y su futuro más allá de sus acciones o decisiones.
Este proyecto encamina sus fuerzas en crear un mecanismo o un medio que la
mayoría de los sectores apoye para solucionar el problema social que
enfrentamos con el uso de la marihuana. Buscando así disminuir o erradicar los problemas que causan las sustancias o
drogas ilegales en Puerto Rico.
En
el proyecto 517 no está explícito una base valores y valdría la pena abundar sobre este tema; el
mismo expone su origen en disminuir la criminalidad y varios problemas sociales
que surgen a causa del uso ilícito de la droga. Lo que nos lleva a pensar que
los derechos humanos, la diversidad y la justicia social son algunos de los
valores que persigue este proyecto. Al analizar lo expuesto en la axiología de
nuestro código de ética debemos entender que el proyecto busca en un contexto democrático
aceptar la libertad y la diversidad. Este trata de ofrecer oportunidades para
los sectores oprimidos de la sociedad; cumpliendo con una variedad de valores
como la equidad y la autodeterminación. Logrando la NO discriminación a las personas que utilizan
esta sustancia como un tratamiento medicinal, promoviendo así los derechos humanos.
En
estos tiempos uno de los propósitos de la profesión de Trabajo Social es lograr
una participación activa en la solución de problemas y necesidades de la sociedad puertorriqueña. Es por esto que
nuestro deber como profesional de Trabajo Social solidarizarnos con un proyecto
que tiene como fin el bien común y los valores intrínsecos de la persona,
mejorando así la sociedad y la comunidad en donde vivimos. Basado en nuestro
código de ética profesional, el cual expone que el propósito que orienta la
intervención del profesional de Trabajo Social es promover la calidad de vida
de cada participante al margen de sus intereses personales.
VIII. Marco de acción o intervención
El
proyecto original tenía como marco de acción desligar los problemas de la
drogodependencia de una sanción penal. Dispone enmendar la ley de sustancias
controladas con el fin de disminuir el rol del gobierno en este problema
social. Este proyecto de ley delimita la función del gobierno; propone eximir a
los consumidores de drogas de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales
por la simple posesión de marihuana.
IX. Conclusiones
Finalmente
a través de lo analizado en las secciones antes discutidas hemos podido
plantear la importancia de este tipo de proyecto
para la sociedad puertorriqueña. Sus repercusiones pueden llegar a ser muchas y
hasta cambiar la perspectiva de nuestra sociedad. En conclusión pensamos que el
proyecto 517 es relevante para la situación actual del país. Es por esto que consideramos
que este debe ser profundamente analizado antes de su aprobación. Entendemos
que es necesario la reevaluación del proyecto inicial y se discutan nuevas enmiendas
y /o mejoras, ya que es evidente que se quedaron algunos asuntos importantes
inconclusos e incompletos, y no se especificaron detalles en cuanto a la
implementación, de ser aprobado. Entre los asuntos de interés inconclusos, no
se especifica cual es el impacto a la economía del país con la implantación de
esta medida ante la situación fiscal y económica existente.
Por
otra parte, en el proceso de análisis se ha encontrado muchos puntos
convincentes en ambas partes de la polémica discusión. Sin embargo, como
trabajadores sociales, tenemos que sopesar cada aspecto y los factores
expuestos para crear una perspectiva clara de las implicaciones que
representarían, tanto al individuo, como a la sociedad en su conjunto la
aprobación de este proyecto de ley.
El
canon VII de nuestro código de ética nos advierte que el trabajador social
evaluará los posibles riesgos y beneficios para cada participante y la sociedad
buscando balance entre maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Se
espera del profesional de trabajo social una inclinación a proteger la vida y
la dignidad humana. Por lo tanto, argumentos económicos de cuanto nos
ahorraremos del presupuesto con la despenalización, va muy por debajo a los
argumentos de los efectos a corto y a largo plazo en cada individuo (usuario),
que ya han sido mostrados en las diversas ponencias de las comunidades médicas (clínicas)
del país.
En
cuanto a las alegaciones del uso médico del cannabis, reconocemos la intención
que persigue este proyecto al utilizar dichos criterios. No obstante,
entendemos que no debe ser considerado hasta tanto no exista evidencia
sustentable por la F.D.A. donde presenten claramente la precisión de los
beneficios como medicamento potencial.
X. Recomendaciones
Con
el análisis de este proyecto de ley se
ha proyectado una mayor visión sobre un serio problema social de nuestro país. Con este
proceso cumplimos con nuestro código de ética que nos invita a tomar acción en
la política pública del país así como nos impone velar por la justicia social
para los puertorriqueños. En resumen, hemos podido profundizar la sustancia de
la marihuana y reconocer que la información presentada es sorprendente. Es por
esto que este grupo ha decidido recomendar este proyecto. Basado en nuestro
código de ética y en asegurar el bienestar de la sociedad puertorriqueña es
necesario crear nuevas medidas y mecanismos para trabajar los problemas sociales
que enfrenta el país. Con esta postura no estamos aprobando ni favoreciendo el
uso desmedido de la sustancia, pero estamos reconociendo el problema social que
esta provoca y estamos esperanzados en que esta medida pueda ayudar a disminuir
la incidencia criminal y mejorar la economía del país. Además, buscamos la
justicia social para aquellos jóvenes que cometieron el error de utilizarla y
quedan marcados para el resto de sus vidas. Tronchándoles su futuro y
convirtiéndolos en una carga publica por la ineficiencia de nuestro sistema
carcelario y el prejuicio social que les dificulta el conseguir empleo luego de
cumplir su castigo.
Consideramos
que este proyecto necesita ser estudiado y enmendado para logra una excelencia
en su propuesta; pero estamos esperanzados en que puede ser una opción para la
sociedad puertorriqueña.
XI. Referencias
Alvarado,
E. Conceptos básicos. Recuperado de
presentación “PowerPoint” el 22 de
febrero de 2014
Bandura, A. (1969).
Principles of Behavior
Modification. Holt, Rinehart e Winston Inc.
New
York, N.Y.
Brito, A. (2014) La
despenalización y regulación de la marihuana: un análisis social, jurídico y
económico. Revista UPR Jurídico Digital Núm. 1 Vol.
83. (págs. 20-48).
Colegio
de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (2010). Código de Ética
del Trabajador Social de Puerto Rico.
San Juan, Puerto Rico.
Feldman, R. (1998). Psicología con Aplicaciones para Iberoamérica segunda edición. McGraw-
Hill.,
U.S.A.
Las Cárceles
Llenas
(2012). http://crimenenpuertorico.blogspot.com/2012/12/
las-carceles-llenas.html.
Link recuperado el 18/04/14
National Institute on Drug Abuse. ¿Qué es la
marihuana? Disponible en http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/abuso-de-la-marihuana/que-es-la-marihuana
Periódico Nueva
Hora (2013). http://www.primerahora.com/noticias/puertorico/nota/marihuana
layerbamasusada-952685/.
Link recuperado el 15/04/14.
Me reitero a tu disposición,
Miguel A. Soto Córdova BSW
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